• Dra. Pao VR

Familias de migrantes

“Migrante: al individuo que sale, transita o llega al territorio de un Estado distinto al de su residencia por cualquier tipo de motivación.”

-Ley de Migración, XVII-

“Refugiado: a todo extranjero que se encuentre en territorio nacional y que sea reconocido como refugiado por parte de las autoridades competentes, conforme a los tratados y convenios internacionales de que es parte el Estado Mexicano y a la legislación vigente;”

-Ley de Migración, XXII-

En recientes fechas hemos sido testigos de acontecimientos de migración masiva de Centroamericanos al territorio nacional a través de la frontera Sur derivado de los problemas locales en sus países de origen. Esto ocasionó eventos de violencia por parte de las autoridades mexicanas para control del paso de personas, que posteriormente se reivindicó por medio del apego a la Ley y la protección de los derechos. Esto no es un evento reciente, sino que en los últimos 4 años la migración hacia México ha incrementado 580% acorde a una noticia publicada por Bertha Becerra en El Sol de México en Marzo del presenta año.

La Ley de Migración de los Estados Unidos Mexicanos, publicados por primera vez en el 2011 y sufriendo su última reforma en abril del año 2016, indica que “el Estado mexicano garantizará el ejercicio de los derechos y libertades de los extranjeros reconocidos en la Constitución, en los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano y en las disposiciones jurídicas aplicables, con independencia de su situación migratoria” (pp 5), lo que indica que dicho documento hace referencia a otros tanto nacionales como internacionales. Entre los derechos de los migrantes estipulados en la Ley Migratoria se encuentran la libertad de ingreso, permanencia, tránsito y salida del territorio nacional, acceso a servicios educativos, atención médica, acceder a cambios del estado civil, derecho a reconocimiento de personalidad jurídica y al debido proceso, acceso a los ámbitos de la vida económica y social.

Adicionalmente, los derechos humanos descritos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos se describen a continuación:

· Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. 

· Derecho al libre tránsito. 

· Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.  

· Derecho a la atención consular.

· Derecho a no ser discriminado. 

· Derecho al asilo. 

· Derecho al refugio. 

· Derecho a la protección de la unidad familiar. 

· Derecho a la dignidad humana. 

· Derecho a no ser criminalizado. 

· Derecho ser alojados en una estación migratoria. 

· Derecho a un alojamiento digno. 

· Derecho a no ser incomunicado.  

· Derecho a un traductor. 

· Derecho a no ser detenidos en Albergues.

· Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. 

· Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad.

González-Rosas (2014) cita una encuesta de la CONAPO (Consejo Nacional de Población) en el que indica los problemas con los que los migrantes residentes en México se han enfrentado al querer ejercer los derechos antes estipulados, entre los que se encuentran: problemas con servicios de salud en un 19.8%, problemas para realizar trámites 23.3%, problemas para encontrar trabajo 26.5%, aunque una vez obtenido dicho trabajo cuentan con dificultades para tener trabajo con prestaciones en un 37.5%. Llama la atención que las dificultades para para estudiar o adquirir una vivienda son bajas, siendo de 4.2% y 5.7% respectivamente, así como problemas para tener trabajo con sueldo 10.5%. Esta encuesta refleja los problemas de los migrantes, sin embargo pareciera similar a los problemas de la población mexicana nativa. Esto implica que quizá la percepción de el cumplimiento de dichos derechos no es cuantificada de forma comparativa, y por lo tanto debe ser considerada como factor de opinión, y que se requiere de medidas analíticas adecuadas y confiables con el fin de poder realizar la generación de políticas públicas que disminuyan el problema.

En cuanto a los motivos que llevan a estas personas a abandonar su hogar, según el INEGI la principal causa por la cual los mexicanos migran hacia Estados Unidos son la búsqueda de trabajo o mejores oportunidades económicas en un 67.8%, y sólo el 1% a causa de la violencia. En contraste, acorde a Nájera-Aguirre (2016) las principales causas de migración de Centroamérica a México, en especial Honduras, El Salvador y Guatemala, es el alto índice de violencia en dichos países de origen. González-Rosas (2014) en su estudio sobre la migración Centroamericana a México avalado por la OMI (Observatorio Migratorio Internacional) indica que “el carácter clandestino de gran parte de estos migrantes los obliga a ocultarse de las autoridades y de grupos delictivos que operan en las zonas fronterizas, lo que hace muy difícil su cuantificación” (pp2). La condición clandestina de estas migraciones se entiende secundario a la violencia, en el que al migrar de un país por dichos motivos, rara vez se cuenta con la documentación básica para realizar los trámites correspondientes, pues en ocasiones se enfrentan con dificultades para poder regresar a sus hogares por dichos documentos, o incluso el hecho de tramitarlos es motivo de violencia y discriminación.

Y por lo anterior hacemos referencia a que los migrantes cuentan también con obligaciones descritas en la Ley Migratoria, entre los cuales encontramos: contar con la documentación que acredite su identidad y su situación migratoria y presentar dicha documentación cuando le sea solicitado, proporcional los datos personales que le sean solicitados por las autoridades sin prejuicio previsto en al Ley de Transparencia, y cumplir con las obligaciones establecidas en la Constitución. Esto hace alusión a la necesidad de realizar los trámites correspondientes para llevar un control y registro migratorio y tener la posibilidad legal de hacer valer sus derechos de forma oficial. Sin embargo, comprendiendo los motivos de la migración secundarios a violencia, la moral y la empatía nos inclinan a comprender las situaciones particulares de los migrantes centroamericanos.

A pesar de que hay estados en México que han incrementado también la violencia, muchos migrantes pasan por el territorio Mexicano como paso hacia los Estados Unidos de América. Esto ha generado el surgimiento de actividades delictivas por parte de la población mexicana y extranjera, como son la necesidad de polleros para abarcar las rutas deseadas, abuso sexual de ambas partes, trata de personas, asaltos, narcotráfico, entre otros. De ahí que nace la necesidad de que se tengan espacios de espera y albergue que permitan descanso y alimentación antes de continuar su camino, y un mejor control de las actividades ilícitas derivadas de la migración. Existen incluso muchas asociaciones de la sociedad civil que realizan esta labor de albergue que ayude a los migrantes, como es la Iniciativa IPRO (Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales) que cuenta con un Fondo de Apoyo a Migrantes.

Aunado a lo anterior, en el documento de Nájera-Aguirre, se enfatiza la necesidad de generar fuentes de empleo para aquellos que deciden establecerse de forma permanente en el país, permitiendo la generación de riqueza y el crecimiento económico, siempre y cuando se realice formalmente como la Ley de Migración lo establece. Esto incluso tiene antecedentes históricos importantes. En un artículo realizado por Ayvar-Campos y Armas-Arévalos (2014) relatando la historia de la migración de México a Estados Unidos, la historia comienza desde el siglo XIX a partir del Tratado de Guadalupe-Hidalgo, donde los habitantes de los territorios del norte debieron decidir si quedarse en su sitio, o migrar al Sur de la nueva frontera. Posteriormente, en las primeras décadas del siglo XX, la migración de trabajadores temporales, personas de la clase media, políticos expulsados o refugiados de la guerra cruzaban la frontera norte, proceso acentuado por la Revolución Mexicana. Con la primera Guerra Mundial los estadounidenses demandaban más mano de obra, por lo cual se mantuvo libertad de tránsito a través de la frontera. Posteriormente en la Gran Depresión se comenzó a generar empleo para los braceros mexicanos en Estados Unidos, por lo que México facilitó del proceso de repatriación, indigencias, recuperación de salarios e indemnizaciones, disminuyendo el proceso de emigración. Desde 1965 y la década de los 70´s creció la ola migratoria secundaria a la búsqueda de oportunidades laborales hacia los Estados Unidos, donde es característica la migración de las familias completas de los trabajadores. La historia de los Mexicanos en otro país son equivalentes a la de extranjeros en el territorio Nacional, quienes responden a situaciones internas de su nación en búsqueda del beneficio para una u otra parte, ya sea por motivos económico, sociales o políticos.

Actualmente, acorde al Instituto de los mexicanos en el Exterior se tiene registro al año 2016 de 12,027,320 personas, de los cuales 97.33% radica en los Estados Unidos de América. Según el Banco Mundial, en el 2015 México contaba con 1,193,155 migrantes en territorio Nacional. Considerando estas cifras, en México contamos con aproximadamente 10% de inmigrantes relacionado con emigrantes, situación que debería causarnos empatía hacia los primeros; sin embargo, en ocasiones se han escuchado comentarios en conversaciones coloquiales que dicen “¿por qué gastamos en toda esa gente cuando nuestros pueblos se mueren de hambre?”, o “Esas son las peores personas de los otros países”, o “Solo vienen a causar problemas y a quitarnos nuestro trabajo”. Lamentablemente los comentarios carecen de fundamento, pues la población migrante ante la Ley, como lo estipulamos previamente, puede gozar de los mismos derechos, además de que pueden ser empleados o ser incluso fuentes de empleo para otras personas. Además, se cuenta con un fondo predestinado a la ayuda de la población migrante a través de la AMEXCID y el Instituto Nacional de Migración, que incluso cuenta con sus propios lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF 21-03-2018). Y en respuesta a los tratados internacionales, la OIM México (Organización Internacional para Migrantes), dependiente de Naciones Unidas, cuenta con el Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito, que busca proteger la protección de los derechos humanos de las personas en esta situación por medio del apoyo al fortalecimiento de instituciones gubernamentales federales y estatales.

Por otro lado, se escuchan argumentos como “no tenemos capacidad educativa” o “no contamos con los recursos suficientes para mantener a nuestra población, ¿como vamos a mantener a otros?”. Aunque, si nos referimos a la Ley de Migración, que es la que nos compete en este momento, los derechos de los migrantes incluyen el acceso a servicios educativos, en salud y derechos civiles. Por lo tanto, se convierten en elementos de análisis adicional en el cual el tema de discusión no es educación y/o salud, sino si los migrantes cuentan con el derecho o no. Sin embargo, esto abre la discusión de ¿qué sería lo que tendríamos que hacer para garantizar estos derechos?, y de esta manera, cumplir con la Ley de Migración. Esto tiene implicaciones económicas, sociales y de política pública a considerar, pero no justifica que se actúe contra una Ley publicada. A partir de estos argumentos, se tendría que invitar a los creadores de política pública en matera de educación, salud, registro civil, ciudadanía y derechos humanos a sumarse a la evaluación y/o generación de las condiciones que permitan una mejor calidad de vida para nacionales y extranjeros, que usualmente son aquellos en condiciones de vulnerabilidad.

González-Rosas (2014) cita a una encuesta de la CONAPO en la cual se revela que el 26.9% de los migrantes perciben que no existe respeto a los derechos humanos de los migrantes, el 57.8% es poco o algo, y únicamente el 34.7% considera que si se respetan. Esta cifra es preocupante ya que únicamente la tercera parte de la población se siente protegida y garantizada en sus derechos previamente estipulados. Y adicional a este dato, es aún más alarmante que el 74.1% de los mexicanos que no creen que se respeten los derechos de los migrantes son de bajos o muy bajos recursos económicos, lo que el autor interpreta como la alta probabilidad de que los migrantes se encuentren predominantemente en estos sectores socio-económicos y hayan sido víctimas de violación de sus derechos en mayor medida que los altos niveles. Esto refleja que a pesar de la migración de extranjeros al territorio nacional, las condiciones de desigualdad y falta de cumplimiento de derechos no sólo se perpetúa en la población migrante, sino es la misma que la población nativa, sin aparentemente generar cambios a la alta o a la baja.

Y no menos importante, el impacto psicológico de los migrantes y sus familias es un elemento a considerar pensando en que la salud mental rara vez es considerada tanto en política pública como en las opiniones de los individuos. En el 2009, Cecilia López Pozos realizó un estudio con las familias de los migrantes, y estipula que además del duelo y la nostalgia de abandonar su país de origen, durante el proceso sufren cambios e incertidumbres, residencias temporales, vivencias traumáticas, y que adicionalmente deben experimentar la discriminación en el país huésped, indiferencia ante sus demandas y más vivencias traumáticas y violentas. Y potencializado en el caso de separación de sus familiares y del abandono de sus raíces y comodidades. Esto con el paso del tiempo genera un trauma acumulativo que genera sentimientos de miedo, angustia, ansiedad, depresión, tensión e inseguridad, que impacta sobre su desempeño laboral y social. Una vez comprendiendo esta situación, es más fácil sentir empatía por las familias, y por lo tanto poder brindar una mano amiga, que a su vez, disminuye la violencia y la ruptura social local y transnacional.

En conclusión, ya existen instituciones, programas, fondos y cultura de protección a los derechos humanos de los migrantes, tanto en tránsito como en proceso de nacionalización, y por lo tanto es indispensable conocer estos principios y condiciones antes de emitir juicios violentos y discriminatorios hacia aquellos en búsqueda de nuevas oportunidades de bienestar. Específicamente en nuestro país hemos vivido experiencias, tanto positivas como negativas, de los migrantes en búsqueda de nuevas oportunidades e incluso, generamos expresiones negativas acerca de las condiciones nacionales deficientes y nos comparamos con otros países que interpretamos con mejor calidad de vida. Como constructo cultural, nos indignamos por el mal trato o la discriminación que sufren los compatriotas en otras naciones, y en ocasiones soñamos con una vida mejor a través de las fronteras. Adicional a esto, mostramos en este documento que la población migrante no impacta en las condiciones socio-económicas, sino que se adaptan a las ya existentes, y que incluso nos hace falta mucha información comparativa para poder emitir conclusiones al respecto. Y sin embargo, cuando la situación es a la inversa y nosotros nos encontramos ante la oportunidad de brindar ayuda y cobijo a otras personas que pudieran ser el equivalente de nuestros propios familiares, sobresale la doble moral de querer cerrar la frontera. En términos legales, se debe respetar la Ley de Migración cumpliendo con las obligaciones especificadas en ella, y brindar las oportunidades de tránsito y/o patriación, sin perder de vista el punto de vista ético y moral de colaborar por el bienestar mutuo y el crecimiento y desarrollo global por el bien común.

BIBLIOGRAFÍA

· AYVAR-CAMPOS, FJ. ARMAS-ARÉVALOS, E. “El flujo migratorio en México: Un análisis histórico a partir de indicadores socioeconómicos”. (2014), Revista CIMEXUS Vol. IX, No.2, pp 71-90

· BECERRA, Bertha. “Crece 580% migración a México”. El Sol de México. 25 marzo, 2018.

· BANCO MUNDIAL, Migración, Obtenido de: https://datos.bancomundial.org/indicador/SM.POP.TOTL?locations=MX&view=chart

· DERECHOS DE LOS MIGRANTES, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Obtenido de: http://www.cndh.org.mx/Derecho_Migrantes

· GONZALEZ.ROSAS, J. “Migrantes centroamericanos en México: un estudio de opinión sobre el respeto de sus derechos humanos”. Letras Migratorias Newsletter, OMI/CONAPO. Diciembre 2014pp 1-15.

· INEGI, Migración. Obtenido de: http://www.beta.inegi.org.mx/temas/migracion/

· INICIATIVA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSTITUCIONALIDAD DE LOS PROGRAMAS SOCIALES, Obtenido de: https://www.programassociales.org.mx/programa/456/fondo-de-apoyo-a-migrantes?v=939

· INSTITUTO DE MEXICANOS EN EL EXTERIOR, obtenido de: http://www.ime.gob.mx/gob/estadisticas/2016/mundo/estadistica_poblacion.html

· LEY DE MIGRACIÓN, DOF 21-04-2016

· LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN DEL FONDO DE APOYO A MIGRANTES, DOF 21-03-2018

· LÓPEZ-POZOS, C. “El costo emocional de la separación en niños migrantes: un estudio de caso de migración familiar entre Tlaxcala y California”. AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO. (2009);6(1), pp.81-103.

· NÁJERA-AGUIRRE, JN. “El complejo estudio de la actual migración en tránsito por México: Actores, temáticas y circunstancias”. Migraciones Internacionales, 2016:8(3);pp.255-266.

· ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LOS MIGRANTES, “Programa Conjunto de Migrantes en Tránsito”, obtenido de: http://oim.org.mx/portfolio-item/migrantes-en-transito/

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by jcomp - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by bristekjegor - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/background">Background vector created by kjpargeter - www.freepik.com</a>

<a href="https://www.freepik.com/free-photos-vectors/people">People photo created by jcomp - www.freepik.com</a>

13 vistas0 comentarios

Entradas Recientes

Ver todo